La Interdicción es una figura propia del Derecho de Familia que, si bien no es de reciente data, su popularidad se ha propagado de hace unos años a la actualidad por múltiples razones.

Básicamente trata de que se declare una persona como interdicta o sin capacidad legal como consecuencia una enajenación mental o de una discapacidad cuya minusvalía le impida una independencia física u ocupacional, limitando así su autosuficiencia económica.

Durante el proceso resulta trascendental probar, a través de las evidencias fehacientes, que el posible interdicto padece de una enajenación mental y que como producto de dicha afectación pueda causar perjuicios a otros o a sí mismo. Para ello, regularmente acudimos a los profesionales de la salud mental que puedan dar no solo un diagnóstico sino una etiología y hasta la prognosis del padecimiento, así como el adecuado tratamiento para el paciente.

Sin embargo; la ley indica que aun con las evidencias medicas aportadas durante el proceso, se hacen necesarios una serie de mecanismos garantistas del posible interdicto, a fin de brindar una certeza al momento de tomar una decisión acerca de la capacidad legal de una persona y con ello el otorgarle la administración de sus bienes a un tercero, su tutor.

De igual forma, tal y como la ley prevé, si la demanda se funda en una supuesta enajenación mental, el Juez interrogará al posible interdicto, a excepción de que se encuentre en un hospital o sala psiquiátrica. Lo importante, entre tantos aspectos, es evitar que quien se encuentre en buen estado mental sea vulnerado por aquellos que tengan intenciones contrarias a la nobleza de este proceso.

Los procesos de interdicción son muy comunes en adultos mayores, sordomudos o cualquier persona que padezca de una condición que se considere pueda representar un riesgo para sí o para un tercero.

El deterioro cognitivo, así como otras afectaciones de las que se sabe son progresivas, es una realidad con la que debemos vivir, preparar y atender a los nuestros y hasta a nosotros mismos.